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León, Guanajuato. México. 17 de diciembre de 2017  

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Autoridades quieren una Miroslava Breach en Guanajuato
Diputados desoyen exigencias ciudadanas, PDHEG ciega y sordomuda

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EL CÓDIGO ROJO - 2017-03-27 01:17:33
Código Editorial

León - Reza el refrán “Cuando veas las barbas de tu vecino cortar…”. Y en Guanajuato la prensa sigue sin garantías legales para ejercer el oficio más peligroso en México. Apenas hace unos días, Miroslava Breach, corresponsal del periódico La Jornada en Chihuahua fue asesinada, y días antes, otro periodista en Veracruz. ¿Está exento Guanajuato de cualquier tragedia en contra de la libertad de prensa?

No se trata de insistir, pero cuando una institución opera con dinero público, lo menos que puede hacer es escuchar las demandas de los ciudadanos, y trabajar sobre ellas. Pero esto no ocurre en Guanajuato, seguramente tampoco en muchos otros puntos del país.


 


Y es que desde hace ya casi tres años, el Congreso del Estado aceptó dialogar con activistas y periodistas para conformar la llamada Ley de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, y desde el inicio, las señales y la preponderante ignorancia de los legisladores, era una mala señal.


Hoy, en esta legislatura, la indolencia, la apatía y la soberbia de algunos de los líderes de las bancadas de los diferentes partidos políticos, es notable. Al resto de los diputados el tema no le interesa.


Ahí está el panista Éctor Jaime Ramírez Barba, quien ya ahora hasta comenta los partidos de La Fiera a través de una radiodifusora. Él desde el inicio se mostró insensible al posicionamiento de la prensa.


“Yo no voy a negociar con ustedes en lo oscurito”, reclamó a quienes acudieron a su casa de gestión para solicitarle su apoyo en la confección de la ley, muy ignorante de lo que significa trascender y trabajar por la sociedad. Es que claro, no es un tema que deje ganancias económicas, y ahí está el detalle. Y a eso, si le sumamos el pobre apoyo en comunicación y estrategia con el que cuenta, pues se llega a ese resultado.


Pero tampoco se vale echarle la culpa al médico leonés, aunque tenga la mayoría legislativa. Por el mismo estilo está la coordinadora del Partido Verde, Beatriz Manrique, quien elude cualquier cuestionamiento al respecto. En el PRI los diputados están más ocupados en destruirse entre ellos mismos, y al PRD no se le puede pedir nada, toda vez que algunos de sus representantes populares son precisamente quienes han atacado a la libertad de expresión. Recuérdese caso Cortazar y caso Guanajuato Capital.


Habría que apelar al liderazgo del Gobernador Miguel Márquez, para que haga suya la propuesta existente, y la lance como una iniciativa del Poder Ejecutivo. No es necesario un asesinato, no hace falta una Miroslava Breach en Guanajuato.


Las autoridades de Guanajuato deben trabajar su inteligencia emocional para dejar el desprecio a la prensa por un lado, y recordarse a sí mismos como servidores públicos, gente que busca el bien común.


¿Cuál es el pero?


 


Cifras


Resulta increíble que solamente siete años, Guanajuato ha registrado 44 agresiones a periodistas, incluyendo el asesinato de Gerardo Nieto Álvarez en Comonfort, en Junio de 2015 y que aún no ha sido esclarecido.


Solamente el año pasado, el ‘Colectivo por la Libertad de Expresión en Guanajuato’, documentó un saldo de 17 periodistas agredidos.


Por ejemplo, el caso Cortazar, en donde el Alcalde perredista Hugo Estefanía Monroy, criminalizó el trabajo de nuestra casa editorial, de Códigos, acusando al medio de extorsión, no ha podido ser resuelto. Recordemos que dos de los hermanos del Edil están presos por robo a mano armada, y que el Subdirector de la Policía Municipal y algunos de sus elementos, fueron detenidos por el Ejército Mexicano por robar un tren en Octubre pasado. Nota de la que dio cuenta Códigos.


Sumando la información del año pasado, se puede afirmar que de 2009 a 2016 se han cometido 44 agresiones a periodistas en Guanajuato. Sin contar las ocurridas en el año 2017, como el ataque al reportero del diario a.m., Gilberto Navarro, por parte de un funcionario del Municipio de Guanajuato e hijo de una Regidora del Partido de la Revolución Democrática –PRD-, ilustró el Doctor en Ciencias  Políticas y Sociales, y defensor de derechos humanos, Raymundo Sandoval Bautista.


De esta manera, en un 70 por ciento de las agresiones a periodistas participaron funcionarios municipales, desde personal de mercados, hasta regidores y alcaldes.


 


¿Y Derechos Humanos?


Seguramente han sido tantos los casos que la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato –PDHEG- tiene que atender, que no se da abasto con el trabajo. No parece interesarle impulsar la Ley de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, tal y como ya se le ha pedido.


Es poco probable pensar que el Procurador José Raúl Montero de Alba, busque mitigar los intereses ajenos a los Derechos Humanos.


En Diciembre pasado, recibió en su oficina a Hugo Estefanía Monroy, el Alcalde perredista de Cortazar que amenazó al personal de Códigos acusándolo falsamente de extorsión. ¿Quién podría pensar que acudió a negociar? No. Imposible. Aunque ha pasado ya medio año de la amenaza y pareciera que ya no pasó nada. ¿Habrán quedado en algo?


Eso sí, el mismo Montero de Alba rechazó recibir a los representantes de la prensa en su oficina hace dos semanas. Pero ellos no han violado derechos humanos de nadie, mientras que Hugo Estefanía sí. Vaya paradoja, sobre todo si estos pequeños detalles se llegan a conocer a nivel nacional o internacional.


 


Ya lo dijimos la semana pasada. Si este Ombusdman no da un golpe de timón, corre el riesgo de la intrascendencia y del ridículo, tal y como lo hizo su antecesor.

 



 

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