Aseguran otra refinería clandestina

El Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la Fiscalía General de la República -FGR- ejecutaron un cateo al interior en un predio del municipio de Reynosa, Tamaulipas, en coordinación con elementos de la Seguridad Física de Pemex.

El operativo derivó en el aseguramiento de 3 millones 769 mil 500 litros de una sustancia con características similares al hidrocarburo, según información oficial contenida en un informe de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa).
Reportes extraoficiales apuntaron a que el lugar habría operado como una refinería clandestina, dedicada a tratar productos robados de ductos de Pemex. La inferencia se basó en la complejidad de la infraestructura localizada, sin embargo, ninguna autoridad confirmó esa versión de forma oficial.
Las fuerzas federales aseguraron dentro del inmueble once tanques de almacenamiento móvil, siete tanques verticales de almacenamiento, ocho motobombas, seis tractocamiones, siete pipas, tres generadores de energía eléctrica, un vehículo y un remolque tipo plataforma.
La combinación de ese equipo —motobombas para el trasiego de líquidos, tanques de gran capacidad y generadores propios— fue lo que llevó a medios locales a describir extraoficialmente el lugar como una presunta refinería clandestina.
La Defensa no precisó la ubicación exacta del inmueble dentro del municipio de Reynosa ni informó sobre personas detenidas durante el despliegue del operativo. El comunicado señaló únicamente que la intervención se realizó “con estricto apego al estado de derecho y con pleno respeto a los derechos humanos”.

RUFFO APPEL, PRESO ¿Y LOS ACUSADOS POR EU?
El 16 de julio, la fiscal general Ernestina Godoy Ramos anunció la detención del exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, a quien acusó de encabezar la mayor red de huachicol fiscal detectada en el país, con un daño estimado de más de 4 mil millones de pesos a la hacienda pública. La investigación documentó 4 mil 238 operaciones de importación irregular entre enero y julio de 2025.
La red presuntamente operó a través de empresas que declaraban ante aduanas únicamente el 10% de los hidrocarburos que realmente importaban: reportaban alrededor de 10 mil litros por carro tanque de ferrocarril cuando en realidad transportaban hasta 110 mil. Además, informaban a las autoridades mercancías diferentes a las que en realidad contenían los contenedores, evadiendo impuestos.
El combustible provenía de refinerías en Texas y se distribuía principalmente en Coahuila, Durango y Zacatecas, con entrada al país por las aduanas de Nuevo Laredo, Ciudad Camargo, Matamoros y Reynosa.
La fiscalía también identificó movimientos por más de 3 mil 75 millones de pesos a través de cerca de 80 cuentas bancarias nacionales y operaciones cambiarias superiores a mil 386 millones de dólares, en un esquema de triangulación financiera hacia empresas extranjeras.