El Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato -IEEG- determinó que la Alcaldesa de Guanajuato, Samantha Smith Gutiérrez, y su Director de Comunicación Social, José Antonio García Salmones, violaron la normativa vigente.

Tras el análisis del procedimiento sancionador ordinario 12/2025-PSO-CG, la autoridad electoral resolvió que ambos funcionarios incumplieron las reglas de difusión de informes de labores al exceder los plazos permitidos por la ley.

El caso tuvo su origen en una denuncia interpuesta el 13 de octubre de 2025 por el ciudadano Víctor Jaime Gallardo Andrade. El demandante señaló que el gobierno municipal difundió el primer informe de la presidenta a través de la red social Facebook fuera del tiempo legal. Según la queja, esta acción no solo representó una falta administrativa, sino que también sugirió una posible promoción personalizada, actos anticipados de campaña y el uso indebido de recursos públicos.

En su resolución, el órgano electoral confirmó la existencia de la infracción atribuida tanto a la edil de extracción panista como al encargado de la Unidad de Comunicación Social. El dictamen especifica que se violentó la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, enfatizando que la publicidad gubernamental debe ceñirse estrictamente a los límites temporales establecidos para evitar ventajas indebidas o el uso discrecional de plataformas institucionales.

Además de los funcionarios mencionados, la denuncia original también señalaba una posible responsabilidad bajo la figura de culpa in vigilando para los partidos PAN y PRI. Esta figura legal se refiere a la responsabilidad que tienen los institutos políticos de supervisar que sus militantes y representantes en el servicio público se conduzcan bajo el marco de la legalidad, evitando conductas que comprometan la equidad en futuros procesos electorales.

Finalmente, el IEEG notificará formalmente su resolución al Congreso del Estado de Guanajuato y a la Contraloría Municipal. Serán estas instancias las encargadas de determinar las sanciones conducentes y las medidas disciplinarias que deberán aplicarse a los servidores públicos responsables. Este fallo sienta un precedente sobre la importancia de la transparencia y el respeto a los tiempos de comunicación oficial en la entidad.