Ahoga corrupción al INE de la 4T
Su Presidenta, Guadalupe Tadei, cercana a AMLO, ya es investigada por la Unidad de Inteligencia Financiera
Agencia Reforma / Staff
Ciudad de México
Sus decisiones administrativas no sólo han puesto en duda el manejo de las finanzas del organismo, que recibe entre 15 mil millones y 25 mil millones anuales dependiendo si hay elección o no, sino que han impactado en la organización de los procesos electorales.
Por ejemplo, en su primera elección federal, la del 2024, Taddei contrató a la empresa Bell-Krom para fabricar 25 mil 302 chalecos y chamarras por un costo de 20.9 millones.
El INE jamás comprobó que esa compañía, la tercera más cara en la licitación, tuviera la capacidad para cumplir. Ésta subcontrató a ocho pequeños talleres, que en un mes sólo entregaron mil 600 piezas, por lo que tuvieron que rescindirle el contrato, y 50 mil capacitadores arrancaron su recorrido por el País sin la indumentaria.
En esa misma elección, la presidenta avaló cambiar la empresa para los teléfonos con los que los capacitadores hacían su registro de funcionarios de casilla y enviaban la información para el PREP en día de la elección.
Nuevamente, rescindió el contrato, éste por 170 millones de pesos, porque la empresa Element Telecom no entregó 33 mil teléfonos y 16 tarjetas con datos, y terminó por recurrir a Telcel, que había rechazado inicialmente porque era seis millones más cara.
Ese año también se le cuestionó el arrendamiento de computadoras, entre ellas para el PREP y SIJE, pues decidió quitar el contrato a la empresa que daba el servicio, y su decisión provocó el riesgo de ambas herramientas clave en la elección, por el retraso de meses.
Taddei también modificó el arrendamiento de vehículos, y optó por comprar una parte y la otra rentarla, y lo hizo con empresas favoritas de la 4T, a quienes pagó más de 464 millones de pesos.
Tan sólo en la Cuenta Pública del 2024, la Auditoría Superior de la Federación evidenció desaseo e irregularidades en la contratación de diversos proveedores por parte del INE, a quienes pagó casi mil millones de pesos por sus servicios. En muchos casos, el organismo no demostró que las empresas cumplieran con el servicio.
E incluso, dicha autoridad pidió iniciar ocho procedimientos de responsabilidad administrativa sancionatoria contra funcionarios por su aprobación u omisión en dichas adquisiciones.
No sólo estaba la Comercializadora JVLY, a la que le pagaron 63 millones por material electoral que no pudo demostrar que se entregó, también aparecía Jet Van Car Rental, a la que le pagaron 134 millones por el arrendamiento de vehículos.
En la elección del 2024, también entregó a una empresa que tres meses atrás era acusada por la FGR y la UIF de lavado de dinero, e incluso, congeló sus cuentas por nexos con el crimen: Cajas Graf, pese a eso le dio una adjudicación directa por 197 millones de pesos.
En el 2025, en la licitación de credenciales de elector, considerada como una de las más importantes porque el contrato es superior a los mil 173 millones de pesos, las empresas que participaron denunciaron que fue un proceso a modo para que ganara Cosmocolor, en colaboración con Talleres Gráficos de México e Icards Solution.
Por ejemplo, entre sus denuncias estaba que se pedía una planta o bodega en Querétaro, y la única que cumplía ese requisito era Icards Solution.
En enero de este año, el INE decidió convertir las instalaciones del organismo en un bunker, con el argumento de posibles riesgos rumbo a la elección, por lo que invirtió 227 millones de pesos. Sin embargo, la Presidencia del Instituto se negaba a informar el gasto hasta que el OIC le ordenó hacerlo público.
La empresa contratada fue AMPS, que afirman es de Marco Antonio Novella, ex director de Desarrollo Penitenciario de la Secretaría de Seguridad con Género García Luna.
A finales del año pasado, se contrató a Gilberto Solís Mendívil para producir un video documental o miniserie sobre la elección judicial. El pago sería de un millón 57 mil pesos, y la fecha de entrega sería el 31 de diciembre.
Sin embargo, se consultó a Comunicación Social si dicha producción se realizó, pero no respondió.
Cambia a 4 administradores
Pese a que la presidenta del INE ha colocado en la Dirección de Administración a sus asesores y recomendados, estos han renunciado por presiones y en medio de cuestionamientos por el manejo de los recursos.
El primero fue Ignacio Ruelas, quien había sido vocal ejecutivo de la Junta Local del INE en Aguascalientes. Sin embargo, duró tres meses, pues acusó que le pidieron hacer cosas indebidas.
Taddei nombró entonces a su asesora Claudia Suárez, a quien quitó meses después para colocarla como encargada de despacho de la Secretaría Ejecutiva.
La relevó otra asesora de la sonorense, Amaranta Arroyo Ortiz, quien firmó la mayoría de contratos cuestionados en la elección del 2024.
Taddei la cambió por Jesús Octavio García González, quien salió ante las críticas por haber representado a Cajas Graf y Corporativo Zeg.
En su lugar colocó a Eduardo Meza, ex subdirector de Procedimientos de Remoción de Consejeros de OPLES del Instituto, inexperto en el tema administrativo.
Sin embargo, sólo estuvo un mes, pues ante inconformidades, colocó a Liliana Díaz de León Zapata, ex vocal del INE.