Existen indicios bien fundados de que las desapariciones forzadas se han perpetrado y se siguen cometiéndose en México como crímenes de lesa humanidad, mediante "ataques" generalizados o sistemáticos en distintos lugares y momentos, dirigidos contra la población civil, con la complicidad o aquiescencia de autoridades en los ámbitos federal, estatal o municipal, advirtió un grupo de expertos de las Naciones Unidas.

En una decisión adoptada el 19 de marzo y difundida ayer, el Comité contra la Desaparición Forzada (CED, por sus siglas en inglés) ubica el inicio de esos ataques en 2006, con la aplicación de la política nacional de "guerra contra el narcotráfico" en el sexenio de Felipe Calderón.

Remarca que, "aunque la falta de medidas eficaces para prevenir las desapariciones forzadas en el territorio nacional y sancionar a los perpetradores ha contribuido a fomentar un clima de inseguridad e impunidad y a crear las condiciones en las que se pudieron cometer crímenes de lesa humanidad", "no hay indicios fundados de que exista a nivel federal, una política para la comisión de tales actos, ya sea por acción deliberada u omisión".

No obstante, considera que la situación de las desapariciones forzadas no ha mejorado desde su visita al Estado Parte en 2021, pese a los esfuerzos y las medidas adoptadas al respecto.

"Las autoridades siguen sobrepasadas por la magnitud del crimen, y siguen siendo necesarios cambios estructurales para abordarlo y prevenirlo de manera eficaz y eficiente", alerta.

Por ello, señala, es necesario que la ONU adopte medidas destinadas a apoyar al Estado mexicano en la prevención, investigación, castigo y erradicación de este crimen, por lo cual resolvió solicitar al Secretario General de la ONU, António Guterres, que remita urgentemente la situación de las desapariciones forzadas en México a la Asamblea General.

El procedimiento, remarcó en un comunicado, es preventivo y tiene por objeto movilizar la atención y el apoyo internacionales, más no de establecer la responsabilidad penal individual.

"En virtud del artículo 34 de la Convención (Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas), el Comité no actúa como una comisión de investigación y no está obligado a una conclusión fáctica", apuntó.

"Sin embargo, debe determinar, sobre la base de indicios bien fundados, si ha recibido información precisa de una fuente fidedigna de que han ocurrido hechos que caen en su competencia".

Indicó que tomó nota de la postura del Gobierno de México en el sentido de que muchas desapariciones en el País son perpetradas por grupos delictivos y no por agentes del Estado y, por lo tanto, no deben clasificarse como desapariciones forzadas.

Sin embargo, señaló, en algunos de los casos denunciados ha recibido información fundamentada que apuntaba a la participación directa de funcionarios públicos, o a su autorización, apoyo o aquiescencia.

"El derecho internacional no exige que los crímenes de lesa humanidad se produzcan a escala nacional o sean orquestados en las más altas esferas del Gobierno. Lo que importa es la magnitud, el patrón de los ataques y el hecho de que se dirijan contra la población civil", planteó Juan Albán-Alencastro, presidente del Comité.

La estadística

De acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas:

395,398 personas desaparecidas, no localizadas y localizadas desde diciembre de 1952 al 2 de abril de 2026.

132,818 desaparecidas y no localizadas (33.59%).

262,580 localizadas (66.41%).

FUENTE: Segob